Propone Humberto González reformas a la Ley para la profesionalización de contralores y titulares de los Institutos Municipales de Planeación

En la iniciativa con proyecto de decreto contempla también que los Sistema DIF Municipales promuevan campañas de información en materia de salud sexual y reproductiva

En tribuna, el diputado Humberto González Villagómez, propuso reformar tres artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán para la profesionalización y especialización del contralor y el titular del Instituto Municipal de Planeación.

El objetivo, expuso,  es dotar de mayores herramientas a los ayuntamientos para que a través de la profesionalización y especialización de los servidores públicos y adecuación al contexto nacional e internacional se logre la mayor gobernabilidad y protección de los derechos humanos.

En ese sentido, también planteó que a nivel municipal  los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia promuevan campañas de información en materia de salud sexual y reproductiva, así como generar mecanismos para el acceso a métodos anticonceptivos.

Así, el legislador por el distrito de Puruándiro, puso a consideración la reforma de los artículos 58, 66 y 179 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

En su exposición de motivos, Humberto González consideró que el Contralor Municipal debe tener como requisito de elegibilidad “no haber sido sancionado por una falta administrativa grave tanto por las leyes locales como por alguna legislación análoga federal”.

Y es que, como parte sustantiva de sus funciones, el contralor municipal tiene la obligación de evaluar, proponer y aplicar normas y criterios en materia de control y evaluación, verificar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal y sus programas, la realización de auditorías periódicas y vigilar la correcta aplicación del gasto público, el registro del inventario de bienes muebles e inmuebles, las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, las obras públicas municipales, estados financieros, situación patrimonial de los servidores públicos, y de conformidad con la creación del Sistema Estatal Anticorrupción la presentación de quejas y denuncias ante las irregularidades de los servidores públicos.

Como una segunda propuesta de reforma a los organismos del ayuntamiento se encuentra la Unidad Administrativa para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que atribuido con la  demandante obligación de velar por la seguridad familiar y el desarrollo libre de la configuración familiar, es menester que entre sus facultades tenga a bien generar campañas y programas en materia de planificación familiar, ser parte fundamental de la construcción de esquemas más plurales, protección a la infancia y la creación de espacios psicosociales que permitan una correcta integración social de todas sus partes.

En este sentido, se establece que en el artículo 66 de la Ley Orgánica Municipal que uno de sus objetivos será el de procurar la promoción, asistencia y apoyo a la planificación familiar a través de campañas de información en materia de salud sexual y reproductiva, así como generar mecanismos para el acceso a métodos anticonceptivos.

La apertura de este tipo de objetivos dentro de la labor municipal –dijo- será el punto de inicio para proyectos de más amplia cobertura, con la intención de que más y más personas puedan sumarse a la toma de decisiones informada, y sumar a esto la construcción de valores de libertad y de  modelos de construcción democrática desde el ámbito meramente local.

La planificación familiar debiera ser un objetivo primordial dentro de las actividades del DIF, ya que pone como eje primordial, primero, su voluntad y seguridad como derecho humano, y posteriormente, se dirigen los esfuerzo de dicha unidad a atender el acceso a la información con lo que parejas o comunidades podrán decidir de manera libre e informada sobre las distintas opciones en cuanto a protección anticonceptiva y planificación para la procreación.

Entre las medidas utilizadas por organismos internacionales la planificación familiar y la atención a la salud sexual y reproductiva van aparejadas a la estrategia de suministro de métodos anticonceptivos de calidad, un refuerzo al sistema nacional de salud y la promoción de información de cada uno de los puntos que engloba este derecho humano.

En cuanto a la última de las reformas, se considera la modificación de los artículos 178 y 179 sobre la posibilidad de profesionalizar las acciones a realizar por los Titulares de los Institutos de Planeación Municipales.

En su deber ser, la planeación surge de la necesidad de establecer políticas públicas con base en resultados, en la que se diseñe conforme a un Plan con objetivos generales, acciones concretas para atender las necesidades de cada municipio.

Actualmente el Titular, ya funge como la persona que conduce y sirve de órgano consultivo en materia de planeación, constituido como una institución con personalidad jurídica y patrimonio propio un organismo descentralizado de la Administración Pública municipal.

En este tenor, sus atribuciones requieren de conocimientos técnicos especializados propios de carreras profesionales, afines a la estructuración de costos, elaboración de presupuestos, conocimientos sobre materias administrativas y la capacidad de planeación estratégica para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo municipal.

En este sentido, se propone reformar los criterios para el perfil profesional que requerirá el titular de dicho organismo, así como establecer claridad en cuanto a que la persona que ocupe ese cargo, tendrá una obligación primordial en el desempeño de los municipios, y que su cargo si implica la recepción de una remuneración en virtud del desempeño de su cargo, por lo que se justifica la modificación de los artículo antes mencionados.


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