Aspirantes demandan al Congreso transparencia y equidad en proceso de selección del fiscal

El grupo hizo llegar a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, un documento con algunas consideraciones para la selección de Fiscal General del Estado de Michoacán.

Una docena de aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado suscribieron un documento dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Antonio Salas Valencia y a la comisión legislativa de Justicia, para demandar condiciones de transparencia y equidad,  en el proceso de selección que la LXXIV Legislatura sigue, en apego a los lineamientos establecidos, para nombrar al o la fiscal estatal.

En el documento signado por las y los aspirantes, y entregado en la oficina de la Presidencia de la Mesa directiva este jueves 7 de febrero por la mañana, se hace alusión al decreto 631 de fecha 13 de agosto de 2018, mediante el cual se reformó la Constitución Política del Estado, de la que derivó la convocatoria para la elección de Fiscal General del Estado, los firmantes descalifican, en base al marco legal establecido, a integrantes de los 3 poderes del estado, señalando para algunos casos la ilegalidad en que incurren al no separarse oportunamente de sus encargos.

Refiere el comunicado que los legisladores señalaron la necesidad de reformar la constitución para adaptar el marco jurídico estatal y transformar la Procuraduría General de Justicia en el Estado en un órgano público autónomo, denominado Fiscalía General del Estado, “dicha transformación se realizó bajo una premisa mayor denominada AUTONOMÍA”, enfatiza el documento.

En el tercer punto de la misiva, se hace mención que para cumplir con la determinación de permitir al estado asegurar la viabilidad de la Fiscalía General, “a través del tiempo y las coyunturas” se propuso un órgano autónomo “desligado jerárquicamente del Ejecutivo del Estado, gozando de verdadera autonomía técnica, funcional y de decisión, alejado en su actuar de consideraciones políticas; es decir, evitar que se encontrara vinculado con el poder político, representado por los partidos, y de la voluntad del gobernador en turno”.

El quinto punto establecido en el documento, señala como un  imperativo que el Procurador  General de Justicia del Estado, que se encuentre en funciones al momento de la promulgación de la reforma constitucional, permanezca en el cargo hasta la designación del titular del órgano autónomo, ello “constituye un impedimento para que el titular de la Procuraduría estatal participe en el proceso, pues debe cumplir con lo mandatado por el Congreso y contribuir con esa postura en el proceso y autonomía del nuevo órgano constitucional”.

Además, el grupo de aspirantes, entre los que figuran Gonzalo López Chávez, Dalila Campos Pineda, Ignacio Mendoza Jiménez, Salvador Ceja Barrera y Víctor Manuel Andrade Tapia, por mencionar algunos, señala que a la luz de las consideraciones esbozadas en la reforma, “se advierte con meridiana claridad que las personas que pertenezcan a algún partido político no pueden ser considerados para la elección del Fiscal General, con mayoría de razón, quienes ocupen una curul en esta Legislatura, que no se hubieren separado del cargo antes de su registro, ya que figurarían como juez y parte”.

También se descarta a los notarios públicos, quienes “por el ministerio de su función, se traducen en una extensión del Poder ejecutivo”, por lo cual no garantizan la autonomía del cargo en proceso de selección.


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